TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA

Una ley asegurará al ciudadano el control de la gestión pública.

La norma de acceso a datos oficiales prohibirá negar información y eliminará el silencio administrativo.

La ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, avanzaron otros dos elementos sustanciales de la futura norma: se acortará el plazo de respuesta a los ciudadanos, que ahora es de tres meses; y se establecerá la obligatoriedad de dicha respuesta. Es decir, se eliminará el habitual silencio administrativo ante peticiones incómodas de información. Si el Gobierno cumple y aprueba finalmente la ley.

A veces se convierte en una ardua tarea pedir a la administración un determinado documento. Por otra parte la labor que desempeña el Diputado del Común es escasa y hay que recurrir a otro tipo de gestiones para obtener la información solicitada.

Creemos que si esta Ley sale adelante será un gran paso en la consolidación de la democracia y la transparencia pública.